Es destacable que el Gobierno quiera avanzar en un sistema consolidado de deudas, en el cual se reflejen no solo aquellas deudas impagas, sino también aquellas que sí son pagadas regularmente por el consumidor. Si esta información la tienen todos los proveedores financieros, es muy útil para prevenir el sobreendeudamiento, limitando la entrega de créditos a quienes previsiblemente pueden caer en insolvencia.

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Debemos regular en la dirección de asignar a los bancos e instituciones financieras el deber u obligación de evaluar el estado de endeudamiento del consumidor de manera previa al otorgamiento del crédito, instaurando de esta forma, como ha sucedido en Europa, el principio denominado “préstamo responsable”. De esta forma, los proveedores financieros deben asumir el costo que significa conceder un crédito a un consumidor que se encuentra sobreendeudado y que, por causa de este último crédito entregado, no podrá seguir cumpliendo con sus compromisos financieros. Esto debe ir acompañado con una serie de medidas preventivas, también a cargo de las entidades financieras, que aborden el problema de manera integral. Un buen ejemplo que seguir es el que ha implementado Portugal, y que contempla un modelo de prevención que se hace cargo del fenómeno como un problema sistémico.

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Entre sus medidas destacan el asesoramiento al consumidor previo a la contratación del crédito, los procedimientos de acompañamiento permanente y sistemático durante el pago de este, y el análisis de información de clientes en riesgo de incumplimiento para ofrecer soluciones acordes con su situación. Para lograr esto último es fundamental la participación de los proveedores financieros, generando estructuras fundadas en criterios de corresponsabilidad para llevar a cabo las acciones previstas, precisando competencias y mecanismos.
Para prevenir el sobreendeudamiento se requiere de un esfuerzo mayor de todos los actores, pero, por de pronto, asumiendo las entidades financieras un compromiso más fuerte en aras de resguardar un sistema fundamental para una economía de mercado.

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Litoralpress